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Una ley de Nueva Gales del Sur que permite al gobierno forzar el testimonio, incluso con la detención, está siendo desafiada por preocupaciones de que socava la independencia judicial.
Una ley de 120 años de antigüedad de Nueva Gales del Sur que permite al gobierno forzar el testimonio ante comités parlamentarios, incluso a través de órdenes de arresto, está bajo desafío legal en el Tribunal de Apelación de Nueva Gales del Sur.
El caso involucra a James Cullen, jefe de gabinete del primer ministro Chris Minns, quien fue citado por las minutas filtradas de una reunión del comité sobre la venta del hipódromo de Rosehill y se negó a comparecer, lo que provocó una orden de arresto que fue suspendida.
Los abogados de Cullen argumentan que la ley socava la independencia judicial al requerir que los jueces aprueben órdenes basadas únicamente en certificados ejecutivos sin revisión, convirtiéndolos efectivamente en herramientas de poder político.
El gobierno y su abogado defienden la ley como esencial para la rendición de cuentas democrática, afirmando que los tribunales no pueden revisar los procesos parlamentarios.
El Procurador General de Nueva Gales del Sur, Michael Daley, apoya el desafío, citando la falta de una supervisión judicial significativa de la ley.
La audiencia continúa, con el resultado potencialmente afectando el equilibrio entre el poder ejecutivo y la independencia judicial en NSW.
A NSW law letting the government force testimony, even with arrest, is being challenged over concerns it undermines judicial independence.