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Las órdenes del Departamento de Justicia reducen la asistencia jurídica a los inmigrantes, arriesgando la representación de menores no acompañados.
El Departamento de Justicia de EE.UU. bajo la administración de Trump ha ordenado a los proveedores de servicios legales financiados federalmente que detengan el apoyo a los inmigrantes en los tribunales de inmigración.
Se han cerrado programas que incluyen orientación jurídica y servicios de ayuda, dejando a muchos inmigrantes, especialmente menores no acompañados, sin representación legal.
Los datos muestran que solo el 56% de los menores no acompañados contaba con asesoría legal, lo que lleva a una acumulación récord de 3,5 millones de casos.
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